Palabras del Lic. Felipe Amadeo Flores Espinosa, Procurador General de Justicia del Estado, en el acto de conmemoración del 95 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917.
Palacio de Gobierno, Xalapa, Ver., 5 de febrero de 2012.


Dr. Javier Duarte de Ochoa,
Gobernador Constitucional del Estado

Magistrado Fluvio Altamirano Pérez,
Representante del Tribunal Superior de Justicia

Diputado Armando Méndez de la Luz,
Representante del Honorable Congreso del Estado

Lic. Elizabeth Morales García,
Presidenta Municipal de Xalapa

Señoras y señores diputados federales, diputados locales y funcionarios públicos que hoy nos acompañan

Señoras y señores:


En uno de sus textos más explícitos sobre la Constitución, Peter Häberle asegura con acierto que “un texto constitucional es, sobre todo, un pacto entre generaciones, una línea de continuidad histórica, política, social y jurídica que nos vincula al pasado, pero que nos permite avanzar con bases ciertas al futuro”.

La Constitución es la ley fundamental del Estado, piedra de toque del orden jurídico e instrumento que define el ser político de un país. Los pueblos encuentran en la Constitución el fundamento de la propia existencia y el símbolo que los guía en su porvenir como nación.

La Constitución ha de recoger las resoluciones y programas, objetivos y experiencias de un pueblo, y debe ser tanto el resultado de la historia y de la realidad social como la expresión de los grandes propósitos colectivos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 5 de febrero de 1917, responde fielmente a estos requerimientos, y traduce con carácter dinámico nuestro ser
nacional.Nuestra Constitución de 1917 es la síntesis de la evolución jurídica, política y social de México

Por ello, al conmemorar hoy el 95 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, debemos mirar al pasado sin prejuicios, recuperando la esencia de nuestro origen, para lograr construir un futuro con legalidad y justicia. Nuestra Constitución seguirá siendo un acuerdo vigente en la medida en que los ciudadanos recuperen su protagonismo como sujetos activos del pacto social, como lo propuso el constituyente de Querétaro.

A lo largo de su historia, México se ha dado diversas constituciones. Éstas implican otros tantos capítulos de un proceso histórico que permiten hablar de una tradición constitucional mexicana, cuyo momentos estelares o hitos han sido la Independencia, la Reforma y la Revolución.

El primer documento nacional de este tipo fue el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, de 1814, debido al esfuerzo constructor y a la clara visión histórica del prócer José María Morelos y Pavón.

Los antecedentes de este texto son los denominados Sentimientos de la Nación o Veintitrés Puntos, que el mismo Morelos dio para la elaboración Constitucional, entre los que destaca, como punto décimo segundo, una prevención magistral cuya lozanía se mantiene aún en nuestro tiempo: “Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto”.

Obtenida la independencia, tras de algunas vicisitudes iniciales, se expidió el Acta Constitutiva de la Federación y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de 1824. Al través de ambos documentos cobró presencia en nuestro Derecho un anhelo general en el país: la organización de la República bajo forma federal.

El federalismo fue producto de la expresa voluntad popular, como consta en los testimonio de la época, en las publicaciones que precedieron y acompañaron los trabajos del Congreso
Constituyente y, desde luego, en los debates producidos durante las memorables sesiones celebradas por éste. Así, los textos de 1824 introdujeron y afirmaron el sistema republicano y la estructura federal.
Después de los intentos centralistas conocidos como Siete Leyes, de 1836, y Bases Orgánicas, de 1843, se arribó a una gran etapa del constitucionalismo mexicano, cuyo monumento fundamental fue la Constitución de 1857. Ésta, elaborada por una generación ilustre de republicanos, hombres de acción y pensadores esclarecidos, se inspiró por la filosofía liberal y democrática triunfante y contribuyó a la consolidación del rumbo por el que había optado el pueblo mexicano.

Hoy rige la vida nacional la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, primera que en el mundo expuso, en recias y admirables fórmulas declarativas, un catálogo de derechos sociales, al lado de los tradicionales derechos del hombre y el ciudadano. Con ello, la Constitución de 1917 inauguró una época nueva de modelos jurídicos. De este modo, la Constitución Política de 1917 se convirtió en la primera constitución político-social del siglo XX.

La Constitución política vigente consta de 136 artículos. En ella coexisten los derechos individuales y los derechos sociales, hoy armonizados bajo la expresión “Derechos Humanos” y nítidamente diferenciados de sus garantías constitucionales; también en ella se afirman el régimen republicano, popular, democrático, federal; se reconoce que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, y se consagran, en general, los grandes principios que el mismo pueblo ha dispuesto a través de un amplio proceso de elaboración constitucional.

La Constitución Política de México no es un instrumento rígido y agotado. Por el contrario, se halla abierto a los cambios que resultan de la dinámica social, a nuevos rumbos, a diversas reclamaciones, a más amplias y generosas perspectivas. A guisa de ejemplo se pueden referir la reforma política, las modificaciones en materia económica, las reformas en materia de Derechos Humanos y las modificaciones al Juicio de Amparo. Sin olvidar, por supuesto, la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, en la cual figuran de modo primordial la protección de los derechos de las víctimas y la búsqueda de una pronta reparación del daño causado.

Por ello, a pesar de que es una de las más longevas de aquellas que están vigentes, y una de las más antiguas en todo el mundo, nuestra Constitución es una Ley Suprema que continúa vigente. Marca nuestro pasado y nuestro destino; es el motor que sigue impulsando nuestro proyecto de nación bajo los principios de legalidad e igualdad.

La Constitución es nuestro proyecto nacional. La Constitución es nuestra unidad dentro de la diversidad. La Constitución es la permanencia de nuestros valores en el marco de los cambios tendientes a perfeccionar a la Nación. La Constitución es la mejor garantía de conquistar una vida civilizada. La Constitución es el pacto jurídico, político y social sobre el cual se asienta la vida de los mexicanos. La Constitución es el baluarte de nuestras libertades y aspiraciones.


Desde la promulgación de la Constitución de 1917, México ha observado un largo proceso de transformación y desarrollo, pero al mismo tiempo, de un cambio en su estructura social y política. Somos un país diferente al que vivieron e imaginaron los integrantes del Constituyente. En consecuencia, la Constitución también ha cambiado y ha cambiado profundamente.

Los cambios constitucionales son para adecuar la ley fundamental a la realidad y a las aspiraciones de la sociedad. Esos cambios afirman nuevos principios destinados a satisfacer esas aspiraciones y a mejorar y perfeccionar esa realidad. Sin embargo, también debemos evitar caer en la trampa del reformismo coyuntural que sólo representa a una visión parcial e interesada del Estado y nuestras instituciones.

Señoras y señores:

Ante los retos que hoy enfrenta el país, la Constitución debe seguir siendo un elemento que garantice un pacto socialmente responsable; debemos contribuir a un cambio constante que destierre la tentación de una revolución permanente. Los cambios son también para establecer nuevos consensos dentro del Estado, consensos que fortalezcan a la nación y a su pacto federal.

Al igual que el constituyente del 17, nuestra actuación como representantes del Estado debe distinguirse por una inteligencia creadora, con una profunda vocación política, que nos permita responder con eficacia a los errores y omisiones que hoy, por la propia naturaleza de una sociedad en transición constante, nos presenta nuestro marco constitucional.

Por ello, el proceso constituyente sigue siendo un proceso abierto. Es el resultado de la certidumbre del pasado, pero al mismo tiempo, de las necesidades que nos plantea el presente y las definiciones que nos exige el futuro.La Constitución nos garantiza a todos libertades y seguridades y nos avala la igualdad de todos ante la ley.

Al cumplirse el primer año del gobierno de Javier Duarte, su legitimidad ha sido el resultado de una observancia estricta de la ley.

En Veracruz no hay espacio para la inequidad ni el privilegio. La ley siempre debe ser aplicada, porque nadie puede infringir la ley bajo banderas o pretextos sociales o políticos. Nadie, ni la autoridad ni las personas, pueden solicitar excepciones; se equivocan quienes piden que se aplique la ley, con la salvedad de su persona o su grupo.

En Veracruz, con base en la legalidad, preservamos el patrimonio de nuestra vocación constitucionalista. Como lo ha dicho el gobernador Javier Duarte, no debemos aceptar subterfugios a las leyes ni componendas que intenten sustituirlas.

Veracruz tiene hoy un gobierno con orden, que deviene de la legalidad y la voluntad colectiva de los ciudadanos.

Por ello, vamos a utilizar toda la fuerza de nuestra Constitución para hacer prevalecer el Estado del Derecho. Nuestra Carta Magna debe ser, ante todo, un instrumento de concordia y no una herramienta de poder político para conservar intereses y abrigar desigualdades.