PRIVA IMPUNIDAD Y
CORRUPCION EN JUZGADOS.
Secretarias
sentenciadas continúan laborando:
Contraloría General
del Estado hace caso omiso de la queja:
Córdoba Ver. Aquello
de que en Veracruz no hay cabida para la delincuencia, es pura falacia, ya que
las delincuentes se encuentran incrustadas en los mismos juzgados, son quienes
se encargan de impartir justicia.
El Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial y El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz,
continúa protegiendo a empleadas que han sido sentenciadas, como se registra en
el juzgado Segundo de Primera Instancia.
Las empleadas
publicas Edith Georgina López Solís y Catalina Dolores Martínez Rojas, quienes
fueron sentenciadas por el delito de incumplimiento de un deber legal, al
publicar en la lista de acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia, del
distrito de Córdoba, un acuerdo dentro del expediente sin que hubiera
constancia alguna en relación a la publicación.
Esto se realizo en
contubernio por las señaladas servidoras públicas, recayendo en un delito que
se tipifica por el código penal, articulo 319 como incumplimiento de un deber
legal en el estado y que consiste en la sanción al “Servidor Público que deje de cumplir con los
deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión en perjuicio de los derechos
de un tercero o en beneficio propio o ajeno.
Las servidoras
públicas fueron consignadas al juzgado tercero de primera instancia iniciándose
la causa penal 175/2008, tras comprobar el ilícito que se les señala estas
fueron sentenciadas, y confirmada la sentencia por la primera sala del Tribunal
Superior de Justicia, bajo la Toca 1520/2010.
Increíblemente estas
dos empleadas del juzgado continúan laborando en este ante la complacencia del
Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia, incurriendo
estas instancias en lo que señala el artículo 17 primer párrafo, al igual que
los artículos 40, 133 y demás relativos de la ley orgánica del Poder Judicial del
Estado de Veracruz, al igual que los artículos 1, 11,37 incisos A), K) y M) y
demás relativos de la ley estatal del Servicio Civil de Veracruz.
Desde el pasado mes
de enero se dio informes sobre la situación irregular de estas dos empleadas
civiles al titular de la Contraloría General del Estado Iván López Fernández,
pero este lejos de cumplir con el compromisos del gobernador a los Veracruzanos
se ha convertido en cómplice de este, solapando las acciones corruptas que se
gestan en este juzgado.
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