ARTICULISTA INVITADO

 Héctor Yunes Landa

Calderón propicia el desprestigio internacional de México.

 

Uno de los temas de esta semana que más acaparó la atención no sólo del país entero, sino de la comunidad internacional, fue el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de desechar el proyecto del Ministro Arturo Zaldívar que sugería la liberación de la francesa Florence Cassez, condenada a 60 años de prisión por el delito de secuestro y otros equiparables, y turnar el caso a otro ministro para su revisión. Mientras tanto Cassez, de 37 años, continuará en prisión a la espera de un nuevo fallo que podrá darle su libertad o confirmar su condena.

Al margen de la inocencia o culpabilidad de esta ciudadana francesa, el caso adquirió notoriedad, no por el hecho de que una persona de origen extranjero fuese partícipe de delitos tan graves como los imputados, sino porque México y el mundo han puesto sus ojos en dicho evento, una vez más, por la incapacidad, los errores y el procedimiento ilegal del Gobierno Federal. Conviene hacer aquí un breve resumen de los hechos. 

El 9 de diciembre de 2005, el país supo de la detención de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, en lo que sería un exaltado operativo policial transmitido en vivo por los medios de comunicación. Entre los detenidos se encontraba una mujer de 31 años de nacionalidad francesa, que había sido señalada por las víctimas salvadas ese día como una más de los secuestradores y pareja sentimental del jefe de la organización. Sin embargo, el 11 de febrero de 2006, en el programa televisivo Punto de Partida conducido por Denise Maerker, Florence Cassez alega que su detención había sido un montaje televisivo organizado por la Agencia Federal de Investigación, ya que a ella y a los implicados se les detuvo un día antes en el rancho llamado Las Chinitas, al sur de la Ciudad de México.

Ante la denuncia de Cassez, Genaro García Luna, director de la AFI, se disculpó y aceptó que, en efecto, la transmisión en vivo era una recreación de los hechos solicitada por los medios de televisión, pero que no tendría influencia alguna en el juicio. Sin embargo, esta explicación pierde su efectividad cuando Pablo Reinah, el reportero de Televisa que cubrió la detención, se deslinda de haber sabido de antemano que se tratase de una recreación o un montaje.

Es aquí el punto en el que el “Affaire Cassez” deja de ser uno más de los procesos judiciales en contra de delincuentes en nuestro país y se convierte en una situación grave y crítica que ha puesto en tela de juicio los principios de justicia y legalidad en México, y ha provocado una perniciosa tensión en las relaciones diplomáticas entre México y Francia.

El tema a reflexionar en este asunto no es si la francesa es o no culpable, sino la manera en que la autoridad manejó su detención, tergiversando las pruebas del caso y volviéndolo inviable por las violaciones procesales cometidas. La irresponsabilidad del Gobierno Federal provocó que un simple proceso judicial se volviese un asunto de importancia internacional manchando gravemente la imagen de la justicia y el Estado mexicanos.

Ahora, el fallo de la SCJN en contra de la liberación de Cassez no es ni puede ser una victoria del sistema, sino un terrible precedente que ha sentado ya jurisprudencia al respecto. Es decir, a partir de este caso, se le está dando luz verde a la autoridad para fabricar cualquier tipo de montaje e inculpar a una persona, culpable o inocente, que no tendrá derecho al elemento de transparencia y legalidad en su juicio.

El presidente francés Nicolas Sarkozy desde un primer momento tomó este asunto como una de sus prioridades –mediáticas o no- en la agenda de gobierno. La tensión del caso provocó que el año pasado se cancelase “El año de México en Francia” y que la opinión francesa tomara la bandera de Cassez como propia. Recientemente, Sarkozy declaró que Francia está dispuesta a llevar este caso hasta sus últimas consecuencias para garantizar la protección de los derechos de su compatriota. Y hay razón desde el punto de vista de la vulnerabilidad que a partir de ahora tendrían todos los ciudadanos extranjeros en territorio mexicano, siendo susceptibles a ser inculpados de ilícitos en cualquier momento.

Lo peor del tema es el impacto negativo que esto tiene en las potenciales inversiones que pudieran llegar a México, toda vez que un requisito fundamental es la certidumbre y legitimidad que la vigencia del Estado de Derecho debe darle al capital extranjero, vital para nuestro crecimiento económico.

La pregunta es ¿Por qué llegar a este punto? Y la respuesta es indignante. Nuestro Gobierno Federal y su Presidente, aferrados a defender también hasta las últimas consecuencias su caótica guerra contra la delincuencia organizada, permitieron que se pervirtiera un proceso judicial para darle proyección y hacerle propaganda a sus operativos policiacos. Prefirieron tener una exclusiva en los principales medios de comunicación del país que hacer prevalecer el principio de legalidad en la detención de una banda de secuestradores.

Si después de todos los alegatos Cassez sale libre, en el supuesto de que fuera culpable, gran parte de la culpa de haber soltado a una delincuente será de Felipe Calderón, porque él ha sido una figura influyente en este viciado proceso, usando su poder para proteger a su cómplice Genaro García Luna, presionando a la Suprema Corte para no permitir su liberación, y negándose a ceder ni siquiera ante un caso tan grave como este.

Esto sólo pasa a ser una prueba más de la forma de actuar de esta y la anterior administración, que indolentemente sacrifica dignidades, principios y leyes con tal de salirse con la suya.

El colofón sin embargo, aunque no tiene que ver con el Affaire Cassez, es la natural consecuencia de los actos de Felipe Calderón: la Corte Penal Internacional de La Haya finalmente no desechó la demanda que 23 mil mexicanos presentaron en contra del Presidente por crímenes de guerra y actos de lesa humanidad. No la declararon improcedente y ahora la analizan detenidamente. Funesto presagio para Calderón, que ya está buscando casa y trabajo en otro país, preparando la huída, indigno pero justo final para una administración como la suya. Eso explica su aferramiento esquizofrénico a la remota posibilidad de que el PAN se mantenga en la Presidencia de la República.